Los coches conectados son vehículos que pueden comunicarse con otros dispositivos, servicios o infraestructuras a través de redes inalámbricas. Estos coches ofrecen ventajas como mejorar la seguridad vial, optimizar el consumo de combustible, facilitar la movilidad o personalizar la experiencia del usuario. Sin embargo, también plantean desafíos para la privacidad y protección de datos de las personas que los utilizan.
Los coches conectados generan y procesan una gran cantidad de datos, tanto personales como no personales, que pueden revelar información sensible sobre los conductores y pasajeros, como su ubicación, hábitos de conducción, preferencias, estado de salud o identidad. Estos datos pueden ser compartidos con terceros, como fabricantes, proveedores de servicios, aseguradoras, autoridades públicas o hackers, sin el consentimiento o el conocimiento de los afectados. Además, los coches conectados pueden ser vulnerables a ataques cibernéticos que pongan en riesgo la seguridad y la integridad de los datos y de las personas.
La protección de datos europea se basa en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y en la Directiva ePrivacy, que establecen los principios y derechos que deben respetarse en el tratamiento de los datos personales. Estas normas se aplican a los coches conectados siempre que impliquen el tratamiento de datos personales de personas que se encuentren en la Unión Europea. Entre otras obligaciones, los responsables del tratamiento deben informar a los interesados sobre el uso de sus datos, obtener su consentimiento cuando sea necesario, garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos, minimizar la cantidad y el tiempo de conservación de los datos y permitir el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad.
Los coches conectados suponen un reto para la protección de datos europea por su complejidad técnica, su diversidad de actores y finalidades y su impacto en la vida privada y pública de las personas. Por ello, es necesario adoptar medidas específicas que garanticen el cumplimiento efectivo de las normas vigentes y que protejan los intereses y derechos fundamentales de los usuarios de estos vehículos.
