En un mundo cada vez más globalizado, Internet es el medio idóneo para que las empresas den a conocer sus productos y servicios y realicen transacciones comerciales. Sin embargo, el comercio electrónico encuentra en la seguridad su principal obstáculo.
La firma electrónica se define como el conjunto de datos que van asociados a un mensaje y que permite asegurar la identidad del firmante y la integridad del mensaje.
Con la entrada en vigor de la Ley de firma electrónica, Ley 59/2003 de 19 de diciembre, se intenta dar confianza a los ciudadanos en las comunicaciones telemáticas.
Además, para dar mayor seguridad jurídica, se ha aprobado la Ley 34/2002 de comercio electrónico (LSSI), que incluye como prueba documental el soporte en el que figuran los datos firmados electrónicamente.
Estas dos normas legales, junto con las características esenciales de la firma electrónica (autenticidad, integridad, confidencialidad y no repudio), hacen de la firma electrónica un instrumento capaz de permitir la comprobación de la procedencia (autenticidad), así como la integridad de los mensajes intercambiados a través de redes de telecomunicaciones, dotándola de un medio eficaz, legal y seguro de intercambio de información.
Hoy día, con un certificado o una firma digital, podemos acceder a numerosos servicios telemáticos de empresas, de la Administración, de la Agencia Tributaria, de la Agencia Española de Protección de Datos, etc…, permitiéndonos realizar trámites on line en prácticamente todos órganos administrativos de forma totalmente segura.
IMPORTANTE
La firma electrónica equivale a la firma manuscrita. Con ella, una persona acepta el contenido de un mensaje electrónico a través de cualquier medio electrónico válido.
